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sábado, 4 de febrero de 2017

Las ideas republicanas


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El renacer de las ideas republicanas
por Fernando Aínsa

En el artículo se analiza con precisión la relación entre Estado, sociedad e individuo, tanto para el liberalismo como para el republicanismo. Sorprenden las diferencias categoriales de ambas teorías en sus fundamentos filosóficos: la forma de hacerse el Estado social desde la perspectiva positiva o negativa de la libertad, las regulaciones normativas para validar la aplicación de la justicia, los fines comunes del bien ciudadano, la acción cívica en su sentido de moral pública, le otorgan a ambas posturas características indiscutibles.

El cuadro de John Trumbull, La Declaración de Independencia, recoge el momento de la presentación del trabajo del Comité de los Cinco al Congreso.

En efecto, entre liberalismo y republicanismo no parece existir mayor acuerdo sobre lo que es la política, la democracia y la gobernabilidad. Señala el autor, que "La diferencia decisiva entre los paradigmas liberal y republicano radica en la comprensión del papel del proceso democrático. De acuerdo con la perspectiva liberal el proceso democrático lleva a cabo la tarea de dirigir el gobierno en el interés de la sociedad, donde el gobierno es representado como un aparato de administración pública y la sociedad como una red de interacciones entre particulares estructurada a semejanza del mercado. Por el contrario, desde la perspectiva republicana, la política implica algo más que una función mediadora: es parte de una función constitutiva de los procesos de la sociedad a la que debe verse como un todo".

Estos últimos años han puesto en evidencia el creciente malestar e insatisfacción que genera el funcionamiento de regímenes democráticos cada vez más identificados con formas extremas del neoliberalismo. Aunque se siga repitiendo que es el menos malo de los gobiernos conocidos y que es el único sistema que atenúa tensiones, obtiene mayorías y consensos e intenta dar solución a los problemas de la sociedad en un marco de libertad, la legitimidad democrática se ha deteriorado y aparece cada vez más sometida al orden económico globalizado. La mayoría de los países democráticos se han puesto al servicio de la lógica del liberalismo, cuyos principios canónicos se aplican en nombre de supuestos técnicos que no aceptan lecturas alternativas, lo que consagra el predominio de la desigualdad del sistema económico sobre la presunta igualdad del sistema político. No es extraño, entonces, que se hable de conformismo e indiferencia ciudadana, de funcionamiento obsoleto del sistema democrático; de crisis de los partidos políticos y de creciente abandono de los cometidos esenciales del Estado.

Todos estos factores acentúan los riesgos de privatización de la gobernabilidad, donde las fuerzas democráticas nacionales (una persona igual a un voto) se sustituyen por las de un mercado global. En ese contexto, la práctica política se reduce a estrategias y negociaciones partidistas para conquistar o mantenerse en el poder. Divorciada de la sociedad civil, la vida política gira alrededor de sí misma y los partidos pierden toda referencia externa. La política se convierte en partidocracia y tiende a organizarse para mantenerse en el poder o asegurar su propia estructura, lejos de las normas éticas que deberían regirla. Las élites, instaladas en el poder, confiscan la voluntad general que debería emanar en principio del pueblo soberano.

La clásica definición de Lincoln democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo poco tiene que ver con las prácticas de gobierno contemporáneas, donde las decisiones políticas están lejos del control de los ciudadanos, limitados a votar periódicamente y donde no hay expresiones de autogobierno colectivo. Por ello se advierte del peligro creciente de democracias sin demócratas, de políticas sin políticos o la aparición de esos gobiernos democráticamente electos sin regímenes democráticos, en los países donde el sistema representativo se transforma en democracia delegada a causa de una debilidad institucional intrínseca.

Se asocia así el liberalismo con la opinión de que la sociedad está dividida entre intereses divergentes y con la idea de que cada uno debe velar por sí mismo. Actividades que tradicionalmente eran consideradas públicas se han convertido en cuestiones de consumo privado, ya que la modernidad ha inclinado la balanza a favor de lo privado en perjuicio de lo público, reduciendo al mínimo el papel de la discusión o el uso del espacio público. Este déficit democrático ha ido provocando efectos perversos, tales como la disminución de la responsabilidad ciudadana, la exclusión social, el desempleo, la burocratización de la gestión de los servicios y la inacción ante la modificación de la situación laboral (inseguridad, precariedad, trabajos temporales), aunque lo más grave es la creciente inadecuación de las respuestas de los partidos políticos ante las nuevas demandas de la sociedad. Crispada sobre su propia rutina, la democracia depende de los derechos adquiridos que nadie quiere perder y de los numerosos tabúes colectivos de lo políticamente correcto. Los desafíos están en el propio interior del sistema –precisa un autor como Giovanni Sartori [1]– razón por la cual resulta imprescindible una radical revisión del funcionamiento del sistema.

LA REACCIÓN CONTRA EL LIBERALISMO

Esta necesidad parece haberla interpretado la corriente del republicanismo integrada por estudiosos de la historia de las ideas y las instituciones políticas. Insatisfechos ante el monopolio ideológico del liberalismo, politólogos y teóricos de la ciencia política se han propuesto recuperar las tradiciones republicanas que existían con anterioridad al desarrollo liberal del siglo XIX y a su primacía en el XX. Para ello, no dudan en remontarse a la Roma clásica, a la obra de Cicerón, teórico de la participación cívica y de la virtud política, al pensamiento constitucional de Maquiavelo, a las experiencias de las primeras repúblicas del norte de Italia en el Renacimiento y a los padres fundadores de la Independencia americana de 1776.

Una serie de obras publicadas en estos últimos años van en esa dirección. Entre otras, Nuevas ideas republicanas [2]  donde se recogen las principales claves del debate entre liberales y republicanos, las discrepancias entre ambos, los retos que afrontan y las propuestas que se articulan a partir de las mutuas críticas. El libro incluye ocho contribuciones de los mejores especialistas del republicanismo contemporáneo –entre otros, Philip Pettit, Jürgen Habermas, Michael Sandel, Alan Patten y Quentin Skinner– como aportes al actual debate de la teoría política. Todos ellos parten de la apatía de los ciudadanos; denuncian la pérdida de legitimidad democrática de las decisiones políticas y las amenazas a la libertad individual, a la que contribuye la predeterminación de opiniones forjada por los medios de comunicación.

Entre ellos, se destaca Philip Pettit– profesor de Teoría Política y Filosofía en la Universidad de Princeton– que se ha revelado en los últimos tiempos como uno de los raros filósofos cuyo pensamiento tiene influencia real en la política. Su idea de un republicanismo entendido más como sistema de valores que como forma de estado y como un promotor de la libertad positiva frente al liberalismo imperante. Su obra más conocida es Republicanismo: una teoría sobre la libertad y el gobierno [3] en la que presenta de forma organizada las líneas maestras de la tradición republicana y la actualiza en diálogo crítico con el liberalismo. Lo interesante es que sus propuestas teóricas tienen en cuenta su aplicabilidad: cómo se deben organizar las instituciones para hacer efectiva la presencia de estos valores entre la ciudadanía.

La renovada actualidad de las ideas republicanas tiene sus antecedentes inmediatos. Hannah Arendt –figura precursora del renacer republicano– ya sostenía que el orden político se había degradado al estatus del mercado, convirtiendo la política en mera búsqueda del propio interés o en la administración del crecimiento económico. Estaba convencida que el interés público no podía ser una amalgama de preferencias privadas y la libertad política debía significar, antes que nada, el derecho a ser un participante activo, ya que una democracia fuerte implica un sistema político en el que los ciudadanos participan activamente y cuyo gobierno emana de la voluntad general. En ningún caso debe quedar en manos de unos pocos.

Gran parte del interés actual por el republicanismo responde a esas inquietudes iniciales, agravadas por la falta de diálogo y de deliberación política, pero, sobre todo, se centra en principios fundamentales como el de la libertad, la justicia y los derechos y deberes ciudadanos.

EL PROBLEMA CLAVE DE LA LIBERTAD

Si bien liberales y republicanos se reconocen como demócratas, su concepción de la libertad es bien diferente. La tradición liberal identifica la libertad como una noción negativa, es decir como la ausencia de intrusiones en la vida de cada uno. De acuerdo al distingo clásico establecido por Isaiah Berlin en 'Dos conceptos de libertad' [4], la libertad liberal se entiende como la exigencia de no interferencia compatible con el mínimo de requisitos necesarios para la vida social. La libertad negativa es, por lo tanto, libertad frente al control, compulsión, restricción e interferencia por parte del Estado. Ello supone una relación regulada entre los poderes y la libertad de los ciudadanos, donde el Estado no toma partido y se mantiene neutral ante las actividades comerciales individuales. El liberalismo afirma la santidad de los derechos de propiedad y es hostil a toda forma de redistribución de la riqueza.

De acuerdo al principio del liberalismo, la libertas supone vivir como hombres libres – principio consagrado por el vivere liberi de Maquiavelo– para buscar realizar los propios fines personales sin inseguridad ni restricciones. Ser negativamente libre –completa por su parte Philip Pettit– es estar libre de las interferencias de otros para consagrarse a aquellas actividades que, inserto en una cultura apropiada, uno es capaz de realizar sin la ayuda de los demás: pensar lo a que uno se le ocurre, decir lo que uno piensa, circular por donde uno quiere, asociarse con cualquiera que lo acepte. En todos estos casos, el Estado debe limitarse a permitir y garantizar el ejercicio de estos derechos, ya que para el liberalismo clásico la libertad es un bien natural, una propiedad individual, que no se entiende como un problema de oportunidad, sino de ejercicio. Sólo alcanza el disfrute de la libertad quién ejerce las capacidades y persigue los fines que sirven para realizar los propósitos que caracterizan la condición humana.

Un Estado libre es aquel que no está sujeto a coacciones y se rige por su propia voluntad, es decir, por la voluntad general de los integrantes de la comunidad. En la versión liberal, el Estado debe ser tolerante y respetuoso con los derechos de todos; debe mantenerse neutral y no interferir en las elecciones vitales: no debe tomar partido y debe abstenerse para ser mejor garante de las opciones morales de sus miembros. La posibilidad de que la ley pueda limitar el ejercicio de la libertad sólo se justifica si se demuestra que la ausencia de una norma legal puede llevar a perder la seguridad que garantiza su ejercicio. Para un liberal es difícil aceptar que el cumplimiento de los deberes cívicos sea en realidad la mejor garantía para conservar la propia libertad.

Por el contrario, el republicanismo considera insuficiente asociar la noción de libertad con la de mera ausencia de coerción o interferencia. La tradición republicana –según el mismo Isaiah Berlin– ofrece una concepción positiva de la libertad, lo que llama la libertad positiva. Un individuo es libre en la medida en que dispone de los recursos y los medios instrumentales necesarios para realizar o determinar sus propios planes de vida, su autogobierno o autorrealización personal. Se trata, por lo tanto, de poner en práctica un auténtico ejercicio de la libertad combinado con un regreso a la idea clásica de la ciudad, la polis, aunque invocar esa tradición parezca un antimodernismo nostálgico de viejas formas.

Ser positivamente libre –destaca Philip Pettit– requiere la libertad de participar en la autodeterminación colectiva de la comunidad. De ahí la importancia de asegurar la libertad individual cultivando las virtudes políticas y consagrándose a una vida de servicio público. Pero, ¿cómo persuadir a ciudadanos de naturaleza egoísta o simplemente guiados por sus propias preocupaciones a actuar de esa manera virtuosa, maximizando la libertad?

Los republicanos confían en los poderes coercitivos de la ley que garantiza la propia libertad, valga la aparente contradicción. La libertad se alcanza mediante las leyes, una libertad entendida como ejercicio de la ciudadanía. La ley resguarda la libertad ejerciendo coerción sobre los otros individuos, impidiendo que los demás interfieran en los derechos individuales reconocidos. La ley traza los límites alrededor de cada uno e impide por el mismo principio que otro pueda transgredir la libertad de los demás, pudiendo incluso coaccionar para actuar de un modo que no sea egoísta.

Es más, para los republicanos no hay libertad civil sin ley que la consagre y el Estado de derecho es el mejor garante de su existencia. Philip Pettit llega a sostener que no toda interferencia es injustificada, ni toda restricción de la libertad implica una interferencia. Por el contrario, hay interferencias justificadas cuando son justas y no son arbitrarias. Un ejemplo extremo, pero claro, indica que la ley prohíbe matar, lo que en los hechos supone una interferencia en la libertad individual. Sin embargo esta restricción que no es arbitraria; es justamente la garantía de una protección general y colectiva de la libertad de los ciudadanos.

No es extraño, entonces, que autores republicanos como Quentin Skinner y el mismo Pettit prefieran entender la libertad como ausencia de dependencia y dominación. La idea de libertad entendida como no-dominación es más fuerte que la liberal, porque parte de la base que la simple no-interferencia puede llegar a aceptar que alguien sometido a otro que le permite hacer lo que quiera, puede ser considerado como teniendo libertad. El sometimiento a la voluntad arbitraria de otro, aun si este otro no interfiere realmente en la vida del sometido, supone siempre una pérdida de libertad, insiste Pettit. De este modo, si la libertad consistiera simplemente en la ausencia de interferencias, se podría decir que un esclavo a quién su amo le deja hacer lo que quiere es libre; que una esposa a quién su marido deja en libertad en una sociedad de leyes discriminatorias sería igualmente libre; o que un pueblo sometido a un régimen autocrático generoso y abierto viviría en libertad, aunque no fuera soberano.

LOS PARADIGMAS LIBERAL Y REPUBLICANO

Mientras en la visión liberal el objetivo de un orden jurídico es el de posibilitar que se determine qué individuos tienen qué derechos, en la visión republicana estos derechos individuales deben su existencia a un orden jurídico que habilita y garantiza la integridad de una vida en común autónoma basada en el respeto mutuo. En definitiva, para los republicanos los derechos no son más que determinaciones de la voluntad política predominante, mientras que para los liberales provienen de la ley superior de la razón.

Sin embargo, aunque el republicanismo considera fundamental la existencia de la libertad, no cree en la aplicación indiscriminada del principio de igualdad. Para el liberalismo clásico las diferencias sociales son el resultado de la suerte que tiene cada individuo, contingencia social y natural que no puede ser legislada, mientras para los republicanos deben establecerse desigualdades en el trato legal y económico para beneficiar a los miembros más desfavorecidos de la sociedad. Los autores que ponen el énfasis en la libertad positiva –como Hannah Arendt o Charles Taylor– consideran que los conceptos de sociedad libre, gobierno o república libre son previos y centrales a la noción de libertad individual. La vida libre de los ciudadanos se basa en ser políticamente activos y en estar comprometidos con la suerte de la comunidad. Compromiso que es vigilancia frente a las amenazas externas y a las indebidas influencias políticas.

El estatuto republicano de ciudadanía exige asumir determinados deberes que van más allá del mero respeto de los derechos de los demás. Una república que se autogobierna sólo puede perdurar si sus ciudadanos cultivan la cualidad que Cicerón denominó 'virtus' y los ingleses virtud cívica o vocación pública, lo que requiere una buena disposición para ponerse a disposición del servicio público. Por ello, Philip Pettit habla del necesario sostén de formas republicanas de virtud, o de buena ciudadanía, o de civilidad, lo que implica asumir voluntariamente un compromiso con los intereses fundamentales de la sociedad en su conjunto, algo que en definitiva redunda en la libertad individual, ya que el correcto ejercicio de las virtudes cívicas garantiza el funcionamiento adecuado del Estado y su fracaso lleva a la corrupción, la primacía de los intereses individuales o de grupo por sobre los colectivos.

La diferencia decisiva entre los paradigmas liberal y republicano radica en la comprensión del papel del proceso democrático. De acuerdo con la perspectiva liberal el proceso democrático lleva a cabo la tarea de dirigir el gobierno en el interés de la sociedad, donde el gobierno es representado como un aparato de administración pública y la sociedad como una red de interacciones entre particulares estructurada a semejanza del mercado.

Por el contrario, desde la perspectiva republicana, la política implica algo más que una función mediadora: es parte de una función constitutiva de los procesos de la sociedad a la que debe verse como un todo. La política es concebida como la forma reflexiva de la vida ética sustantiva –sostiene Jürgen Habermas–, como el medio por el cual los miembros de comunidades más o menos integradas se vuelven conscientes de su dependencia mutua y, actuando con plena deliberación como ciudadanos, conforman y desarrollan las relaciones existentes de reconocimiento recíproco en una asociación de miembros libres e iguales ante la ley [5]. El estatus de los ciudadanos no se encuentra, por lo tanto, determinado por el modelo de las libertades negativas, bajo cuyo amparo pueden efectuar sus demandas como personas privadas, sino por derechos políticos, tales como los derechos de participación y comunicación política. Estas son libertades positivas –recuerda Habermas– porque garantizan no tanto la libertad frente a presiones externas, sino la posibilidad de participar en una práctica común, a través del ejercicio de aquello que convierte a los ciudadanos en lo que éstos quieren ser: autores políticamente autónomos de una comunidad de personas libres e iguales [6]. Llamamos buenos ciudadanos a los ciudadanos políticamente activos y motivados por un alto grado de virtud cívica –propone por su parte Alan Patten [7]–, para recordar la importancia que los republicanos adjudican a las instituciones sociales que moldean individuos en ciudadanos, imbuyéndoles ciertas actitudes y disposiciones a través de la educación, las costumbres y prácticas de la cultura democrática. Ser buen ciudadano quiere decir que se debe participar activamente en la vida política de la comunidad y estar motivado por un alto grado de virtud cívica. Quentin Skinner va más lejos: participar activamente en política es un deber social complementario del derecho individual a la libertad.

LOS PRINCIPIOS DEL REPUBLICANISMO

Se pueden resumir, entonces, los principios del republicanismo alrededor de cuatro pilares fundamentales. El primero es el de la deliberación política. Los republicanos clásicos destacaban el papel de la polis como ágora donde se podía alcanzar la libertad mediante el ejercicio activo de la ciudadanía. La política es ante todo deliberativa y la deliberación debe abarcar tanto los fines como los medios, procesos de discusión que se encuentran actualmente muy distorsionados donde impera el gobierno condicionado por grupos privados con intereses propios. El proceso gubernamental se concibe así como un foro donde los puntos de vista alternativos y la información adicional se tienen en cuenta, lo que permite detectar problemas sistémicos más allá de planteos individuales. La contribución de los medios de comunicación para la consecución de estos objetivos debería ser importante: propiciar debates y discusiones que incorporen a minorías o grupos sin otra posibilidad de expresión.

El segundo principio es el de la igualdad entre los actores políticos, encarnada en un deseo por eliminar fuertes disparidades en los niveles de participación política o influencia entre individuos y grupos sociales. La igualdad económica puede, pero no necesariamente debe, estar acompañada de igualdad política. El proceso político debe mantener cierta autonomía de la esfera privada. La igualdad política, en términos republicanos, se entiende como el requisito de que todos los individuos y grupos tengan acceso al proceso político.

El tercer principio es el del universalismo, ejemplificado mediante de noción de bien público. El compromiso republicano con el universalismo representa una creencia en la posibilidad de resolver las diferencias con respecto a distintos enfoques de la política o del bien público, mediante el debate y el diálogo. El proceso de intermediación está destinado a producir resultados que sean correctos. Debido a la creencia en el universalismo, los enfoques republicanos postulan la existencia de un bien común que se encontrará al final de un proceso deliberativo desarrollado en forma adecuada y basado en la razón práctica.

El cuarto principio es el de la ciudadanía, manifestado a través de los derechos de participación ampliamente garantizados. Estos derechos están concebidos tanto para controlar la conducta representativa como para brindar la oportunidad de que se ejerzan e inculquen ciertas virtudes políticas. Los participantes políticos deben subordinar sus intereses individuales al bien público mediante la participación política en un proceso continuo de autodeterminación política.

Al exaltar el valor de la ciudadanía y la participación y buscar mecanismos que permitan tanto el control de las instituciones nacionales por parte de los ciudadanos como la descentralización, el control local y la autodeterminación local, estos principios resultan también un vehículo para inculcar rasgos como la empatía, la virtud cívica y el sentido de la comunidad. La creencia en la ciudadanía es parte del rechazo republicano a las versiones del individualismo político que propicia el liberalismo. Abrir canales para el ejercicio de la ciudadanía es parte de su política, porque la ciudadanía es condición esencial para la deliberación política. Al mismo tiempo, la promoción de los procesos deliberativos de participación y diálogo contribuyen al establecimiento o fortalecimiento de lazos colectivos. Con ello –se recuerda– las decisiones políticas ganan en legitimidad y respetabilidad, mientras los ciudadanos pasan a tener una mejor opinión de la actividad política y muestran más interés por los asuntos públicos.

En este sentido, es importante señalar que los autores del republicanismo no son necesariamente antimonárquico. El concepto central del republicanismo es el de libertad como no-dominación, es decir, la oposición a la existencia de alguien que pretende sustituirse a la expresión de la soberanía popular. En la medida en que las monarquías constitucionales tienen poderes restringidos son perfectamente compatibles con el republicanismo, como es el caso de España e Inglaterra y de buena parte de las monarquías europeas contemporáneas.

CRÍTICAS AL REPUBLICANISMO

Pese a su creciente popularidad, las concepciones republicanas han sido objeto de severas críticas. Para muchos, la creencia en el gobierno deliberativo es romántica y anacrónica, incompatible con la persecución del autointerés que caracteriza la vida política moderna; mientras que, para otros, subyace un totalitarismo en la creencia que deben subordinarse los intereses individuales al bien común. Cuando Rousseau –uno de los teóricos del republicanismo a través del contrato social– sugería que el niño recién nacido, al abrir los ojos por primera vez, debe contemplar su patria, y hasta el día de su muerte no debería posar la vista en ninguna otra cosa, proyectaba una visión totalizadora de la vida social sobre la nación entera.

Por otra parte, se subraya que los principios de la política republicana –la política deliberativa, el universalismo y la ciudadanía– pasan por alto las diferencias y contraposiciones que pueden existir entre los diferentes grupos que integran la sociedad. En una nación extensa y con diversidad de población, no hay un bien común al que se pueda llegar mediante el debate; no hay una verdad política única; en cambio hay perspectivas e intereses opuestos e irreconciliables que deben ser armonizados por otros procedimientos.

Finalmente, se recuerda que la ciudadanía, tal como la entienden los republicanos, no se manifiesta sólo a través de órganos oficiales. Muchas organizaciones –incluyendo sindicatos de trabajadores, asociaciones, organizaciones, grupos de voluntarios, iglesias– canalizan por otras vías funciones que el sistema republicano considera privativas.

Sin embargo, más allá de estas objeciones, el resurgimiento republicano constituye una reacción y respuesta a las interpretaciones según las cuales gobernar es realizar pactos entre grupos de interés, sin ninguna participación, diálogo y función deliberativa que tenga en cuenta la ciudadanía, práctica política y económica que ha llevado a cabo el liberalismo. Los compromisos republicanos básicos –con la igualdad política, la deliberación, el universalismo y la ciudadanía–pueden desempeñar, en ese sentido, un papel decisivo en la nueva forma de hacer política que todos aquellos disconformes con el liberalismo reinante reclaman con énfasis. Algo que, en definitiva y con otras palabras, ya había dicho en 1776 Thomas Paine: preservar los beneficios de lo que se considera vida civilizada, y remediar, al mismo tiempo, los males que ella ha originado.


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Ref. Scielo.org.ve , 18-11-2004, por Fernando Aínsa
Autor Fernando Aínsa: Centre des Recherches Interuniversitaires sur les camps culturels en Amérique Latine. Sorbonne Nouvelle, Paris III, France.
Referencias:
1. Sartori, Giovanni: ¿Qué es la democracia?, Madrid, Taurus, 2003.
2. Ovejero Félix, Martí, José Luis, Gargarella, Roberto (comp.): Nuevas ideas republicanas. Autogobierno y libertad , Barcelona, Paidós, 2004.
3. Pettit, Philip: Republicanismo: una teoría sobre la libertad y el gobierno, Barcelona, Paidós, 1999.
4. Berlin, Isaiah: Dos conceptos de libertad, en Cuatro ensayos sobre la libertad, Madrid, Alianza, 1988.
5. Habermas, Jürgen: Derechos humanos y soberanía popular: las versiones liberal y republicana, Nuevas ideas republicanas, o.c., p.198.
6. Habermas, Jürgen: o.c., p.199.
7. Patten, Alan: La crítica republicana al liberalismo, Nuevas ideas republicanas, o.c., p. 240.

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